He leído con mucho interés el comentario que, en una revista profesional y acerca de la Ley orgánica 3/2007 sobre Igualdad, dedica Álex Grijelmo, presidente de la Agencia EFE y defensor del español y su gramática hasta la médula de su vida y de su profesión periodística. Se trata de una crítica educada pero fuerte, y supongo que lo es porque la ley se mete o le da instrucciones a su Agencia y al ente Radiotelevisión española, como instituciones públicas, aunque con recomendaciones para todas las demás empresas de medios, y para todos los ciudadanos. Grijelmo, no obstante, está en su papel, y parte del párrafo explicatorio en el que defiende el texto legal, que le parece digno de celebrar, pero como diversos artículos afectan a la prensa, a su entender entran en colisión con la independencia que todos creemos que se debe a los medios de comunicación referenciada en sus códigos deontológicos, y aún más a los de titularidad pública, pues así lo defendió el partido ganador de las elecciones generales, desde ese planteamiento y porque estaba en su programa electoral. No se trata de cuestionar la finalidad ni la globalidad ni el espíritu de los textos, no se discute la meta sino sólo el camino. La redacción, según él mismo y algunos juristas y letrados, como Luis Cazorla, se aleja de los principios que conciernen a la seguridad jurídica, claridad y certidumbre de las reglas. La norma, es, pues, confusa, indeterminada y hasta con tufillo de irrazonable.

     A mi modo de ver, el Parlamento ha legislado, con cierta precipitación como otras leyes que han removido el estómago de algunos españoles, una obligación que dirige a los medios de comunicación para que promuevan la igualdad entre sexos diciéndoles, por tanto, lo que deben de hacer dándoles instrucciones éticas como si dijera a los médicos que curen, a los arquitectos que diseñen edificios y así contemplando otras colectividades. Como lanzando una réplica, el autor de la crítica, comenta que la situación que se produce sería comparable con que se legislase sobre la obligación de escribir sin faltas de ortografía. Observo  por  el rabillo del ojo que a usted, mi amigo lector, le está apeteciendo esto último. Pero ni siquiera esa elementalidad, se puede hacer obligatoria. Entonces, ¿a santo de qué dar instrucciones que ya se contemplan en normas de los colectivos? El fondo de la cuestión es tirar balones fuera cuando algo tan imprescindible como la educación depende del ejecutivo, pero se creen que por ahí ya tienen cogiditos de la mano a los nenes y a las nenas. La ley tiene un párrafo para la especial atención sobre discriminación de la mujer favoreciendo su equiparación con el hombre, lo que a estas alturas ya parece inadecuado porque los mismos redactores no creen que sean diferentes, a pesar de que en otros sitios nos estén pidiendo a todos que militemos contra la supuesta discriminación. Y aquí nos preguntamos si hemos de militar en esto o también deberíamos de hacerlo con otras injusticias y explotaciones, ¿o qué hacemos con niños e inmigrantes?

    El poder se escandaliza poco por lo que sucede en su ámbito: insultos, acusaciones y juicios de intenciones, llamándose mentirosos los parlamentarios entre sí, y necesita su código de conducta y su ejemplo; pero se sube por las paredes cuando los periódicos le hacen crítica. Y estampa una ley que, entendiendo su finalidad, mientras se va leyendo, va uno entrando en una selva por donde se pierde el camino. ¿Qué es una imagen igualitaria a la vez que plural y no estereotipada de hombres y mujeres?, ¿tienen que ir ahora las mujeres con una tabla delante? ¿Qué se entiende por reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres?, ¿que los hombres no miren? ¿Qué quiere decir lenguaje no sexista? ¿A cuántas jefas hay que quitarlas de su puesto, por aquello de la paridad, porque en su empresa o en su sector hay más mujeres que hombres? ¡Y pensar que fueron los medios los que crearon esta conciencia social!