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Izquierda Unida (IU) apoya el proyecto de la llamada ley de dependencia, pero con importantes matices, según aseguró ayer Manuel García Fonseca («El Polesu»), ex viceconsejero de Bienestar Social y ex diputado en el Congreso.
Éste defendió, contra lo que plantea el borrador que ha presentado el Gobierno de Zapatero, una financiación única, estatal, con cargo a la Seguridad Social, para evitar lo que llamó «desequilibrios territoriales».
«El proyecto (de ley) supone un salto cualitativo importante, pero debe mejorarse», aseguró, tras subrayar que el documento, pendiente de debate parlamentario, establece tres niveles de financiación, con aportaciones obligatorias o potestativas de las comunidades autónomas.
«Esto puede significar que según la capacidad económica de cada autonomía haya sistemas distintos, con distinta calidad».
El planteamiento del Gobierno se ha justificado porque la ley relaciona la prestación con los servicios sociales, cuyas competencias tienen las comunidades autónomas.
«La alternativa es ligar el sistema a la Seguridad Social, para que sea homogéneo en toda España».
El representante de IU también criticó la fórmula del «copago», que el borrador de la ley fija en el 30 por ciento de los servicios prestados: «Se puede entender, al principio, cuando se ponga en marcha la ley, pero no es admisible; debe constituirse un sistema gratuito». «El ´copago´ no puede ser la fórmula definitiva».
* Más competencias reconocidas y más financiación para poder ejercerlas.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, y el jefe del Ejecutivo autonómico, Emilio Pérez Touriño coincidieron ayer en estas reclamaciones para que los ayuntamientos sigan siendo la primera respuesta ante las necesidades sociales de los ciudadanos.
Lo hicieron durante la sesión inaugural del I Congreso de Servicios Sociales Municipales, que hasta el viernes congregará a cerca de 900 políticos y profesionales en Palexco y que tendrá su continuación el próximo año en Zamora.
* El director general del Imserso, Ángel Rodríguez Castedo, y la consejera de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña, Anna Simó, iniciaron ayer en Barcelona una reunión de dos días en la que participarán representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las direcciones de servicios sociales de las comunidades autónomas para debatir los aspectos técnicos de la futura Ley de Dependencia. A estas jornadas de trabajo asisten 80 participantes, entre los que se encuentran directores generales y técnicos cualificados de los servicios sociales de las comunidades autónomas.
La reunión trata básicamente sobre el sistema de valoración de las personas en situación de dependencia, el acceso a los servicios y prestaciones y el tipo de atención individualizada que deberán recibir los beneficiarios de estos servicios.
Volver de Roma y encontrarme con estas noticias.
¡Qué desasosiego! Ya he avisado varias veces que las posibles disparidades municipales y autonómicas podrían ofrecer –ya hay algunos ejemplos- diferente trato a personas mayores en situaciones similares. Las divisiones intestinas y los ataques exógenos probablemente fueron las causas del declive del imperio romano. Y si ante una reclamación, una seudoguía osa exclamar:
¡Esto es Roma!, para justificar la falta de información, el trato personal a veces displicente, las colas, los precios…, aquí podemos acabar con alguna expresión parecida.
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