El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, que tiene consideración de Agencia Financiera del Estado. Su principal finalidad es la de impulsar sectores como la industria cinematográfica, transporte, favorecer los proyectos de innovación tecnológica, energías renovables y potenciar la presencia de las empresas españolas en el exterior.

          Como tal institución de crédito estatal tiene varias líneas de financiación a distintos sectores y, entre otros motivos, es conocida por los ciudadanos españoles gracias a las pantallas de las salas de exhibición cinematográfica, ya que casi todas las películas producidas por España, aparte de jugosas subvenciones del Estado central, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y otros organismos, cuentan con créditos del ICO para su financiación. Si no fuera así, y también por la existencia de la “cuota de pantalla”, el cine español estaría totalmente yermo, no existiría. Muchos otros sectores de la economía española también cuentan con líneas de financiación del ICO. De esta forma acude el Estado a financiar las necesidades de los sectores productivos.

          Pero hete aquí que las necesidades de financiación no solamente la tienen los sectores productivos, sino que ahora ha aparecido un nuevo apartado que está teniendo enormes dificultades para poder pagar el alto endeudamiento en el que ha incurrido. Me estoy refiriendo a las Comunidades Autónomas, algunas de las cuales no pueden siquiera pagar a sus funcionarios y deben cuantiosas cifras a proveedores, a quienes pagan tardíamente, incumpliendo con ello la normativa legal en lo relativo a plazos de pago. Este endeudamiento de las Comunidades Autónomas está creando un problema financiero para nuestro país, generando desconfianza en los mercados internacionales, proyectando mala imagen en el exterior y movilizando una contestación social diaria y permanente en casi todos los rincones de nuestra geografía patria.

          Hay que hacer algo a este respecto, y según manifestaciones de su Vicepresidenta, doña Soraya Sáenz de Santamaría y del Ministro de Economía y Competitividad, don Luís de Guindos Jurado, el jueves día 2 de febrero de 2012, el Gobierno va a abrir una línea de crédito ICO de hasta 15.000 millones de euros para las Comunidades Autónomas. El acceso a esta nueva vía de financiación estará condicionado al estricto cumplimiento de las exigencias en disciplina presupuestaria por cada Comunidad Autónoma, la cual va a ser controlada y vigilada por el Gobierno central al que habrán de rendir cuentas mensualmente. De esta forma las Autonomías podrán pagar los contratos de suministro de obras y servicios suscritos antes del 1 de enero de 2012, previamente contabilizados como déficit, así como cumplir las obligaciones de deuda financiera contraída antes del 1 de enero de 2012 y que venzan a mediados de este año.

          Para la materialización de esta línea ICO de financiación de las Comunidades Autónomas se concederán préstamos con un vencimiento máximo de tres años y con una amortización anual lineal y constante con un tipo de interés que será el de referencia del ICO más doscientos veinticinco puntos básicos. En algunos casos será el propio ICO quien realice directamente el pago a los proveedores. En este supuesto el vencimiento del crédito será a once meses y el tipo de interés el de referencia ICO más ciento setenta y cinco puntos básicos. La medida es una especie de asistencia de urgencia para los vacíos bolsillos de las Comunidades Autónomas pero no dejan de ser préstamos que irán venciendo y que deberán afrontar en su momento.

          No me cabe la menor duda de que el ICO irá lanzando emisiones de bonos para poder cubrir las variadas líneas de financiación de los diversos sectores productivos españoles e igualmente habrá de emitir bonos para cubrir esta nueva línea para las Comunidades Autónomas. Según estadísticas del propio ICO, en el año 2010 emitió bonos por 16.450 millones de euros; en el año 2011 por 27.424 millones de euros y para el año 2012 tiene una previsión de unos 18.000 millones de euros, aunque creo que superará con creces esta cifra. Estas emisiones son relativamente fáciles de cubrir, ya que son equiparables en garantía a los bonos y obligaciones emitidos por el Reino de España. El crédito como alternativa a la capacidad de pago es el recurso que le está quedando al Gobierno español para ir tapando agujeros.