Discriminación es un término que se aplica generalmente en sentido negativo, y en nuestro ámbito refleja una situación que nos puede afectar tanto a nivel individual como colectivo. Se nos discrimina cuando somos tratados de forma desfavorable por prejuicios de cualquier tipo, generalmente por la edad. Quienes así actúan no piensan que en un futuro más o menos próximo pasarán a pertenecer, ellos también, al colectivo de personas mayores. Es inevitable envejecer, hacernos mayores. Es un camino que todos debemos, y razonablemente queremos, recorrer. Inexorablemente vamos acumulando años, pero está probado que envejecer no limita necesariamente la capacidad de aprendizaje ni un correcto funcionamiento de nuestra mente, y por lo tanto no está justificado, y no podemos aceptar ni aceptamos, sufrir ningún tipo de discriminación. Y menos la discriminación socio-política. Somos sujetos con una gran experiencia que puede ser útil a la sociedad; no somos objetos, repito, somos sujetos, no objetos, y queremos participar como ciudadanos de pleno derecho en el mundo en el que transcurre y se desarrolla nuestra vida.

     En mi opinión, el problema de discriminación que sufrimos los mayores no lo perciben, no lo reconocen, el resto de los ciudadanos. Nosotros, los mayores, no perdemos nuestra dignidad de ciudadano por cumplir años; no nos jubilamos de la vida, y mientras nuestras capacidades intelectuales y físicas nos lo permitan, podemos y queremos ser útiles y participar activamente en los entes socio-políticos.

     En España, el conjunto de las Cortes Generales (Congreso de Diputados y Senado), Gobiernos Autonómicos, Ayuntamientos y Comités Ejecutivos de algunos partidos políticos,  cuentan con menos del 3% de personas mayores de 64 años, cuando realmente representamos el 17’8% de la población.  El siguiente cuadro refleja la participación de los mayores de 64 años en algunos organismos estatales y Comités de Partidos Políticos.

     Como se observa en el cuadro anterior, hay más representatividad de personas mayores de 64 años en el Parlamento Europeo que en el conjunto de los organismos oficiales de España.

     Durante el acto de apertura de la II Asamblea Mundial del Envejecimiento, celebrada en Madrid del 8 al 12 de Abril de 2002, entre otras se hicieron estas declaraciones sobre “la participación activa de los mayores”:

“Las Personas Mayores son una fuerza universal que tiene la capacidad de transformar el futuro, y esta transformación mundial va a afectar a las personas, a las familias, a las comunidades y prácticamente a todas las áreas de la sociedad” (Su Alteza Real, la Infanta Doña Cristina).

“Debemos reconocer que al ser mayor el número de personas que reciben una mejor educación y gozan de longevidad y buena salud, las Personas Mayores pueden contribuir más que nunca a la sociedad, y de hecho lo hacen. Si fomentamos su participación activa en la sociedad y el desarrollo, podemos asegurarnos de que se aprovechará su talento y experiencia inestimable. En el siglo XXI brindaremos a las personas de edad lo que necesiten y también las necesitaremos” (Sr. Kofi Annan, Ex Secretario General de Naciones Unidas).

     Cuando la expresión “participación activa”  se refiere a nosotros, las personas mayores, no sólo debe contemplarse el voluntariado, la colaboración con las ONG, y otras actividades similares, sino que, lógicamente, también debe contemplarse la participación en los organismos socio-políticos que tratan temas que afectan a nuestro colectivo. La realidad nos demuestra, por las estadísticas reflejadas anteriormente, que en este aspecto seguimos siendo discriminados.

     Y ocurre que jurídicamente esta discriminación por edad atenta contra la legalidad vigente. La Constitución Española, en su Artículo 12, Título primero, Capítulo primero, dice: “Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años”. Está claro que los plenos derechos de ciudadano se asumen al cumplir los 18 años, pero ningún artículo dice que se pierden a los 65 años. Esta edad únicamente marca el derecho a una jubilación laboral y al cobro de una pensión de jubilación, pero no incluye una jubilación de derechos socio-políticos. No existe ningún artículo de la Ley que fije la edad de 65 años como límite para el acceso a cargos en los Organismos del Estado, Autonomías o Entes Locales, y es conveniente destacar que nuestra Constitución fija que a los poderes públicos corresponde velar por el disfrute real y efectivo de los derechos de todos los ciudadanos.

     Hay que sensibilizar al resto de la sociedad en el sentido de cambiar actitudes, conductas y pautas; motivar políticas de apoyo a la integración de nuestro colectivo en todos los ámbitos de nuestra sociedad y promover la puesta en práctica de programas de fomento de igualdad real, efectiva, y de no discriminación. Tenemos el derecho de representación en todos los órganos operativos de nuestra sociedad, y asimismo tenemos el derecho a una mayor integración social y a una plena participación.

     Un gran logro de la humanidad es el aumento de la esperanza de vida, pero este logro plantea a la sociedad el reto de aprovechar las capacidades de las personas mayores y darles la oportunidad de participar en todos los aspectos de la vida. Se comete un tremendo error al menospreciar la capacidad, los valores y las posibilidades de aprovechamiento de un porcentaje elevadísimo, y en crecimiento, de jubilados aptos, capaces, hábiles y eficaces.