CONCLUSIONES SOBRE LA DISCRIMINACIÓN
SOCIO-POLÍTICA DE LOS MAYORES
1. Que los políticos tomen conciencia del envejecimiento demográfico, para posibilitar la permanente adaptación de una sociedad para todas las edades, abierta a todas las generaciones.
2. Que los poderes públicos tomen las medidas necesarias para concienciar a todas las personas mayores a que no se automarginen en la participación socio política en nuestras sociedades.
3. Que los poderes públicos procedan a una mejora de la imagen de las personas mayores y de su proceso de envejecimiento, para obtener todo el provecho de su experiencia y serena reflexión.
4. Que el derecho a la vida socio política quede abierto también de forma efectiva a todas las personas mayores.
5. Que los partidos políticos, al confeccionar las listas electorales, incluyan en lugares de previsible elección a un número mínimo de personas mayores, proporcional al porcentaje que representen sobre el conjunto de la población con derecho a voto.
6. Que se tenga también en cuenta a las personas mayores, tanto en las elecciones al Parlamento Europeo, como en las nacionales, regionales o locales.
7. Que se legisle la constitución del defensor de los derechos de los ciudadanos mayores.
8. Que los poderes públicos adopten todas las medidas tendentes a lograr que las personas mayores no sean ”invisibles” ante las autoridades que legislan; y a que ocupen los cargos que les corresponden, en los organismos sociales y políticos donde se toman las decisiones que les afectan, de acuerdo con el porcentaje que representen de la población
9. Que se prohíba la discriminación por razones de edad en la gobernación de ciertos organismos públicos y privados, que bloquea la entrada en los consejos de administración de mutuas, cajas de jubilación, cajas de ahorros, cajas de seguridad, o en peritajes judiciales.
10. Que se pongan en marcha los programas de desarrollo de una igualdad real y efectiva, y de una no discriminación por razones de edad.
Es muy importante, pues, llevar a efecto de forma práctica la instauración en todos los ámbitos, incluidos el político y el social, de una verdadera “ciudadanía compartida” que abarque de forma natural a todas las personas mayores.